Puig afirma que el trasvase Tajo-Segura sigue en vigor tras la sentencia del Supremo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que el trasvase Tajo-Segura continúa estando vigente “a todos los efectos”, porque la reciente sentencia del Tribunal Supremo “consolida” la normativa reguladora de 2014 y no se ha producido ninguna ruptura del statu quo. Puig ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los regantes de Alicante, usuarios del trasvase, a la vez que ha insistido en que cualquier cambio debe ser pactado.

Puig ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de seguimiento que se encargará de realizar una evaluación del nuevo planteamiento negociado del sistema de trasvase Tajo-Segura tras la sentencia del Tribunal Supremo con el fin de evitar "interpretaciones sesgadas" de la decisión judicial. En esa comisión estará la Abogacía de la Generalitat y la Consejería de Medio Ambiente.

El presidente de la Generalitat se ha reunido este miércoles en el Palau de la Generalitat con la consejera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, la directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, y el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, para analizar la sentencia del alto tribunal, que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo.

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El jefe del Consell ha indicado que la decisión del Supremo “consolida la norma reguladora del sistema Tajo-Segura”, con lo que “en absoluto queda invalidada”. Puig ha explicado que, de hecho, se inadmiten los recursos que lo pretendían, por lo que ha pedido a los regantes “tranquilidad" pues no hay ruptura con la situación actual.

“No puede haber unilateralidad en la toma de decisiones”, ha destacado también el presidente del Consell, quien ha señalado que la sentencia “refuerza la necesaria concertación” y ha garantizado que la Generalitat permanecerá atenta al proceso de reformulación legal del plan del Tajo.

El criterio del uso, no del territorio

Según el presidente, la sentencia “consolida la solidaridad” entre cuencas porque “afianza los usos por encima de las pretensiones territoriales”. Así, ha explicado que, en primer lugar, se prioriza el agua de boca, y después su utilización para agricultura y, posteriormente, los usos recreativos, por lo que “se jerarquiza en función de usos, y no del territorio”.

“Es evidente que esto nos abre una oportunidad de mejorar desde el punto de vista legal y de consolidar el sistema y buscar formulas garantes desde el punto de vista jurídico”, ha manifestado, a la vez que ha lamentado que la operativa de todo el sistema se cerrara en falso, lo que ha supuesto consecuencias. Puig ha apelado a la responsabilidad y ha añadido que la posición de la Generalitat es “defender los intereses de los regantes, y no hacer política de confrontación con el agua”.

“Eso forma parte de esa cultura política del pasado; nosotros lo que queremos es ser efectivos y ayudar de verdad a los regantes, no generar guerras del agua que tan malos resultados han provocado a la Comunidad Valenciana y al conjunto del sistema", ha dicho.

“¿Quién está más interesado que la Comunidad Valenciana en que haya caudales ecológicos y en que el río [Tajo] esté mucho más vivo?”, ha manifestado, alentando la desalinización, la modernización de riegos y la reutilización del agua en todas las cuencas receptoras. El presidente valenciano considera fundamental mejorar la reutilización en toda España y especialmente en la zona alta del Tajo.