La presidenta del tribunal de Cifuentes dice que ella no firmó el acta del máster

El caso Cifuentes ha pasado del ámbito político y universitario al judicial, probablemente lo que más temían tanto la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sus responsables salieron el primer día a declarar que no había irregularidad alguna, al día siguiente abrieron una investigación interna y esta tarde han anunciado que “ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito” han decidido remitir a Fiscalía el resultado de la investigación. Todo se ha precipitado después de que esta mañana Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal que puntuó con un 7,5 a la presidenta regional Cristina Cifuentes, haya declarado ante la instructora de la investigación, Pilar Trinidad, que no reconoce el acta del tribunal de trabajo de fin de máster (TFM) de Cifuentes que aparecía con su nombre y firma, según han confirmado a EL PAÍS distintas fuentes. Las otras dos supuestas miembros del tribunal, Clara Souto y Cecilia Rosado, que también estaban citadas este jueves, no han comparecido. Ambas solicitaron un aplazamiento por cuestiones de salud, según fuentes universitarias.

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El delito investigado sería una falsificación en el acta universitaria, castigada, según el artículo 390 del código penal, con pena de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años por tratarse de una falsedad en documento público, oficial o mercantil si lo hubiera llevado a cabo un funcionario público. La fiscalía, en todo caso, ya había abierto diligencias ante la denuncia colectiva por estos hechos presentada por una docena de asociaciones estudiantiles, informa Fernando J. Pérez. La universidad, por su parte, ha encargado el asunto a un abogado penalista que presentará este viernes el caso en la fiscalía de Móstoles (donde se encuentra el Rectorado), según fuentes del campus.

López de los Mozos es una de las tres docentes, junto a Souto y Rosado, que firmaron supuestamente ese documento que ponía fin al posgrado de Cifuentes con un trabajo de fin de máster, el 2 de julio de 2012. En ese momento ella era delegada del Gobierno en Madrid. En 2014, la funcionaria Amelia Calonge, vieja conocida suya, cambió la calificación de una asignatura de Cifuentes y de su TFM para que ella pudiera pedir su título. En ambos casos, las calificaciones pasaron de “no presentada” a “notable”, como destapó eldiario.es el pasado 21 de marzo.

La supuesta presidenta del tribunal y sus dos compañeras contactaron con un abogado el 23 de marzo para ver cómo abordaban el asunto. No han hecho declaraciones públicas desde entonces. Este jueves, finalmente, una de ellas, López de los Mozos, ha declarado ante la instructora de la investigación, Pilar Trinidad, jefa de Inspección de la URJC. No ha reconocido el acta y ha dicho que no evaluó a Cifuentes. Según distintas fuentes, se han vivido momentos de gran emoción y la profesora se ha echado a llorar. El Confidencial había adelantado el miércoles la falsedad de dos de las firmas del acta. Tras la reunión, la universidad ha decidido elevar el caso ante la fiscalía por la posible comisión de un delito: si López de los Mozos no firmó ese acta, alguien lo hizo en su lugar.

El día que estalló el escándalo el rector, Javier Ramos, afirmó en rueda de prensa que había hablado con las componentes del tribunal y que se habían ratificado en la legalidad del acta del TFM. Cifuentes aseguró el miércoles ante el pleno de la Asamblea de Madrid y en rueda de prensa posterior que realizó una defensa pública de su TFM ese 2 de julio de 2012. "Sí. Lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro", aseguró. En ese momento el rector de la universidad era Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional.

López de los Mozos es la única de las tres componentes del tribunal que es profesora titular. Souto y Rosado son profesoras contratadas, no funcionarias. En 2012 López de los Mozos, hoy secretaria del Instituto de Derecho Público, no tenía aún plaza fija. Enrique Álvarez Conde, director del máster de Derecho Público del Estado Autonómico en el que se matriculó Cifuentes y tutor suyo en el TFM, ha dirigido la tesis doctoral de las tres.

Las diligencias que ha abierto la fiscalía tienen su origen en la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes para que se investiguen posibles delitos de falsedad documental y cohecho. Estos colectivos señalan como responsables de los delitos citados a la funcionaria que habría modificado las notas, Amalia Calonge, a la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, al director del máster y a los miembros del Tribunal que calificaron el TFM.