La Generalitat investigará a las eléctricas tras la tragedia de Reus

Todas las empresas suministradoras que prestan servicio en Cataluña serán inspeccionadas por la Agencia de Consumo para determinar si cumplen o no con la ley contra la pobreza energética. Así lo anunció ayer el consejero de Empresa, Jordi Baiget, tras reunirse por separado con representantes de los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que dio origen a la norma y la Mesa del Tercer Sector después de que en la madrugada del pasado lunes falleciera una mujer a causa de las velas que usaba porque le habían cortado la luz. Las entidades y el Gobierno, además, se emplazaron a redactar una propuesta de reforma del bono social eléctrico para elevarla al Congreso de los Diputados.

“En el marco de nuestras competencias inspectoras queremos investigar si las empresas están cumpliendo con la norma”, explicó el consejero, quien ha pedido una reunión con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca. Baiget acepta así una de las viejas reivindicaciones de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) de realizar inspecciones de oficio a las suministradoras para ver si cumplen con la ley 24/2015, especialmente en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de verificar con los servicios sociales si el cliente es pobre antes de realizar un corte en el suministro. La idea es evitar que se repitan episodios como el de Reus, donde una anciana en situación de vulnerable y sin servicio eléctrico murió en un incendio.

Las inspecciones se empezarán a realizar en unos 15 días, explicó Baiget. Técnicamente se verificarán los listados de cortes y de informes de vulnerabilidad social en busca de posibles casos de desprotección. Empresa también se ha comprometido a lanzar una campaña de comunicación para promocionar la ley contra la pobreza energética.

“La Generalitat va tarde, ahora anuncia medidas que estamos pidiendo desde cuando la ley entró en vigencia”, criticó María Campuzano, portavoz de la APE. Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector, propuso que las entidades sociales colaboren en la elaboración de los informes de vulnerabilidad social para ayudar a descongestionar los servicios sociales municipales. Baiget también se abrió a que “se pueden revisar” las cláusulas sociales de los contratos de la Generalitat como una manera de presionar a las suministradoras.