Un juez investiga a una empresa biomédica por defraudar subvenciones

Un juez de Barcelona investiga a una sociedad biomédica por obtener, de forma fraudulenta, 852.098 euros en subvenciones entre 2008 y 2011. Mercè Adrián Enrich, extrabajadora de Prous Institute, acusa a los directivos de utilizar “facturas irregulares” para justificar ayudas del Estado y de la Generalitat que no debió haber recibido. Prous, dedicada al desarrollo de nuevos fármacos, consiguió ayudas “incompatibles” entre sí y destinó parte de ese dinero a actividades “distintas de las subvencionadas”, denuncia.

La investigación se dirige contra el fundador, Josep Raimon Prous, y varios miembros del consejo de administración por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha admitido a trámite la querella, ha escuchado al perito que ha analizado las irregularidades y ha solicitado documentación a las administraciones que concedieron las ayudas. Por ahora, sin embargo, no ha citado a declarar a nadie como imputado.

La mujer que ha denunciado el caso señala que las irregularidades comenzaron en el año 2000, pero que solo ha podido acreditar con documentos las ocurridas durante cuatro años. El informe recoge, por ejemplo, que en 2009 Prous recibió ayudas de dos ministerios distintos —Economía por un lado, y Ciencia e Innovación por el otro— que eran “incompatibles” porque estaban “destinadas al mismo proyecto”. Las subvenciones proceden de programas y organismos de la Generalitat y, sobre todo, del Estado. La sociedad “falseaba las condiciones requeridas” para las ayudas.

La querella recoge un segundo aspecto del presunto fraude: los consejeros de Prous utilizaron facturas de una agencia de viajes para justificar “indebidamente” las subvenciones recibidas. Esas facturas correspondían, en realidad, a viajes “personales y familiares” de los directivos. Mediante “artimañas contables”, además, logró beneficiarse de bonificaciones de la Seguridad Social, que eran igualmente incompatibles con las ayudas.

En 2012, Prous se querelló a su vez contra Enrich, que había sido responsable administrativa, por la supuesta desviación de más de tres millones de euros a través del cobro de casi 300 cheques. El caso está también en fase de investigación en el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona. El magistrado indaga si la exempleada, su esposo y una empresa cometieron los delitos de apropiación indebida y falsedad, y les ha impuesto una fianza de 3,6 millones de euros para afrontar la responsabilidad civil. Fuentes cercanas a la empresa consideran que la querella de Enrich es una estrategia para forzar una negociación.

Prous Institute for Medical Research se dedica a investigar nuevos fármacos contra el cáncer. Tiene un capital social de 14,1 millones y 16 trabajadores.