La Fiscalía eleva a 108 años la pena para el policía acusado de abusos
La acusación incrementa la pena por la nueva declaración de un testigo protegido

La Fiscalía eleva hasta los 108 años de prisión la pena que solicita para un policía local de Burriana, Castellón, acusado de abusar de 8 menores entre 2007 y 2014. La acusación añade un delito más de abuso sexual con acceso carnal tras la modificación de la declaración de uno de los testigos protegidos.
El Ministerio Fiscal considera probado que el policía, José Antonio M. M., abusó sexualmente de diversos menores a cambio de prebendas y pequeñas cantidades de dinero, ante los que se presentaba como solucionador. Los adolescentes acumulaban diversos expedientes administrativos por hurtos menores, violencia doméstica y delitos de faltas y el ahora acusado se ofrecía a solucionarlos por su posición en la policía y su conocimiento del entorno judicial.
La pena de 108 años de prisión se basa en ocho delitos de corrupción de menores, seis delitos de abuso de menores con acceso carnal continuado, dos delitos de abuso de menores y un delito de agresión sexual. Más allá, y además de diversas multas e indemnizaciones económicas, la Fiscalía también ha solicitado a la sala que si estima una sentencia condenatoria imponga un régimen de libertad vigilada durante 10 años una vez cumplida la pena de prisión.
Por su parte, la defensa ha pedido la absolución porque considera que las únicas pruebas de los delitos que se le imputan son testificales, asegurando que la Guardia Civil no ha podido probar los abusos sexuales en los seguimientos que le realizaron. Así mismo, considera que las relaciones, las cuales no niega la defensa pero sí el acusado, fueron consentidas y que los menores sabían cómo sacar provecho económico o material.
En relación al material fotográfico que la Guardia Civil encontró en su ordenador -más de 20.000 archivos de fotografías, algunas hechas en horas de servicio, ordenadas en carpetas por años, lugares y nacionalidades- la defensa considera que tan sólo prueban la homosexualidad del acusado, no su culpabilidad.
El juicio ha quedado hoy visto para sentencia, tras haberse prolongado la vista por enfermedad de la fiscal que ha instruido el caso. El acusado se encuentra en prisión preventiva desde su detención en 2014.
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