La PAH pide a las empresas que acaten la ley anti pobreza energética

Más de un centenar de personas convocacas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la pobreza energética (APE) protestaron ayer frente a las sedes de empresas como Endesa, Gas Natural y Agbar. Estas compañías, aseguran los activistas, incumplen con lo establecido por la ley contra los desahucios y la pobreza energética, aprobada por el Parlament el pasado julio, a raíz de una iniciativa de legislación popular presentada por la PAH y APE.

Ambas entidades también presentaron ante la Agencia Catalana de Consumo un total de ocho denuncias por cortes de energía que se han producido después de la entrada en vigor de la norma, algunos en Cerdanyola, Balaguer y donde hay menores a cargo.

“Las empresas no solo muestran falta de interés en la aplicaciónde la ley sino que hasta llegan a negar su obligatoriedad”, aseguró Maria Campuzano, portavoz de APE. Según uno de los casos, recogidos por las entidades, a un vecino de Cuní se le dijo que tenía que venir a Barcelona para poder solucionar su caso.

Las entidades piden que el Gobierno catalán sancione a las empresas por no acatar lo que establece la ley. Campuzano recordó que la ley catalana establece el principio de precaución, según el cual las suministradoras no pueden efectuar el corte del servicio sin contacto previo con los Servicios Sociales. Estos son los que deben determinar mediante un informe si la familia o persona se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial.

Aunque las empresas siempre insisten en que participan activamente en la lucha contra la pobreza energética, a través de convenios con los Ayuntamientos, la PAH y la APE consideran que “eluden su responsabilidad” respecto a este problema que alcanza a un 10 por ciento de la población catalana.

“Hacemos un llamamiento a los Ayuntamientos para que se responsabilicen de la aplicación de la ley en sus municipios y apliquen las sanciones pertinentes”, aseguran las entidades. La norma ya ha sido invocada en los juzgados, en al menos un caso, para garantizar que una familia en situación de vulnerabilidad no fuera desahuciada hasta no tener otro techo.