El presunto abusador sexual de Canal 9 será juzgado el mes que viene

Vicente Sanz, ex número dos de Canal 9, cuya carrera política terminó al trascender una grabación en la que decía estar en política para forrarse, ya tiene fecha de juicio por el presunto abuso sexual a tres trabajadoras de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Será los días 27, 28 y 29 de octubre en la Audiencia de Valencia. La fiscalía pide para Sanz una pena de 20 años de cárcel que Intersindical eleva a 25. Él siempre ha negado lo hechos.

Sanz está imputado también en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga las adjudicaciones de Canal 9 a la trama de Francisco Correa. El magistrado instructor de esa causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, lo ha citado a declarar el 27 de octubre, cuando se supone que tiene que estar sentado en el banquillo por los supuestos abusos. Su comparecencia en Gürtel será en principio modificada.

La juez de Instrucción de Paterna que investigó las acusaciones contra Sanz de tres trabajadoras de Canal 9 concluyó que existían "indicios racionales" de que este las sometió a una "situación gravemente intimidatoria y humillante" para conseguir "favores de naturaleza sexual".

Sanz ha mantenido que tuvo relaciones con las acusadas, pero que estas fueron de mutuo acuerdo. La juez acogió, sin embargo, la versión de las acusaciones, según la cual la presión que ejerció valiéndose "de una situación de superioridad manifiesta" coartó "la libertad de las víctimas". De forma que el consentimiento habría sido obtenido "de forma viciada" al estar "mediatizado por las promesas y las amenazas".

Como prueba de la presunta realidad de los hechos, que se habrían producido en el despacho de Sanz en la sede de RTVV, la juez analizó decenas de mensajes de texto, vídeos y llamadas teléfonicas.

Además del detalle de las prácticas sexuales que las trabajadoras contaron haber sido supuestamente forzadas a realizar, la juez mencionó declaraciones de testigos del procedimiento que relataron "comportamientos que pueden ser calificados como anormales" por parte de Sanz. Entre ellos, solicitar que le enseñaran la ropa interior, cerrar su oficina con llave cuando recibía la visita de mujeres y hacer insinuaciones.

Intersindical Valenciana ha destacado que Sanz tardará cinco años y medios en ser juzgado desde que se inició el procedimiento, a pesar de que el auto de procesamiento contra él fue dictado en junio del año 2011. "Lamentablemente nadie le podrá pedir responsabilidades de todos los desmanes que hizo a los trabajadores durante los muchos años que fue secretario general", ha añadido el sindicato.

Sanz, que se jubiló estando procesado y ha superado los 70 años, fue nombrado secretario general de Ràdio Televisió Valenciana en 1995. Un año antes se vio forzado a dimitir como presidente del PP de la provincia de Valencia como consecuencia de la difusión del contenido de una grabación en la que decía estar en política para forrarse.

A lo largo del procedimiento ha manifestado tener la "conciencia muy tranquila", ganas de que se celebrara el juicio y contar con "muchas pruebas favorables" que lo exculparán.