La primera pieza del ‘caso Brugal’ acaba con condena a dos acusados

La Audiencia de Alicante ha impuesto sendas penas de dos años de cárcel a una funcionaria de Hacienda y un asesor fiscal por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en lo que constituye la primera condena en la veintena de ramas del llamado caso Brugal.

El caso Brugal surgió hace casi una década a partir de unas supuestas irregularidades en la concesión de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela pero la investigación posterior -con multitud de escuchas telefónicas- dio pie a casi una veintena de piezas separadas, como la fallada ahora.

La sentencia, hecha pública hoy, avala además por primera vez la legalidad de varios pinchazos telefónicos efectuados por la Policía Nacional en el marco de este sumario por supuesta corrupción, legalidad que la mayoría de las defensas viene poniendo en duda.

El tribunal ha declarado probado que la funcionaria de la Agencia Estatal Tributaria Angélica Ch.E., destinada en el departamento de Discrepancias de Renta de la delegación de Alicante, facilitó en julio de 2007 al otro acusado, Jorge S.S., datos fiscales reservados "que no estaba autorizado a conocer" sobre el empresario Ángel Fenoll y sus empresas.

En concreto, comunicó al asesor información relacionada con "ingresos a efectos de la declaración de IRPF", participación en mercantiles y operaciones del industrial oriolano y su mujer, si bien no burló para ello medidas de seguridad de la AET ni tampoco se ha podido probar que desvelase datos de una inspección fiscal.

Fenoll es uno de los principales encausados del caso Brugal, que se desgajó en su día en una veintena de piezas separadas entre las que destacan las investigaciones sobre la recogida y tratamiento de residuos en Orihuela y la comarca de La Vega Baja y otra centrada en el antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

En la primera están imputados Fenoll, el expresidente de la Diputación y del PP alicantino José Joaquín Ripoll, y la exalcaldesa popular de Orihuela Mónica Lorente, junto con varios de sus antiguos concejales, mientras que en las diligencias del PGOU están imputados, entre otros, el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes del PP de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que dimitió meses después de ser imputada.

La primera pieza separada del caso Brugal que ha llegado a juicio en la Audiencia Provincial de Alicante ha deparado ahora las condenas de Jorge S.S. y Angélica Ch., a la que el tribunal también ha inhabilitado para ejercer como funcionaria seis años.

Este delito de revelación de secretos fue descubierto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cuando sus agentes escuchaban las llamadas telefónicas de otro imputado, Rafael Gregory.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha dictaminado que tanto esa escucha telefónica, efectuada el 26 de julio de 2007, como otra posterior de septiembre a Jorge S.S. son plenamente legales.

Los magistrados consideran que no se vulneraron los derechos fundamentales de los ahora condenados en ningún momento, ya que el delito en el que incurrieron fue tratado como un "hallazgo casual".

En este sentido, la sala resta importancia a la ausencia de una "calificación jurídica" en el auto que habilitaba nuevas escuchas por el delito de revelación de secretos o a una posible demora en la remisión de las actuaciones por parte de un juzgado de Orihuela al juzgado de Alicante que era competente para investigarlo.