La Generalitat capta 1.200 pisos de la banca al anunciar la ley para gravarlos

El anuncio de la creación de un impuesto que gravará los pisos vacíos en manos de las entidades financieras y la Sareb (el banco malo) ha empezado a dar sus frutos antes de entrar en vigor. Según explicó ayer el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la banca ha cedido a la Administración más de 1.200 viviendas que tenían desocupadas como consecuencia del gravamen, puesto que ello supondrá una bonificación sobre el tributo. “Ya ha supuesto un estímulo para que las entidades con pisos vacíos los movilicen”, aseguró ayer el consejero Santi Vila.

La Generalitat dio el pasado mes de marzo un plazo de tres meses a los bancos para que informaran sobre las viviendas vacías que tienen en los 72 municipios catalanes con más demanda de alojamiento social. Sobre esa lista, la Generalitat aplicará un tributo, cuya recaudación estima que le permitirá invertir entre ocho y 26 millones en políticas de vivienda. El anteproyecto de ley fija sanciones de entre 850 y 1.650 euros anuales por vivienda vacía, pero contempla desgravaciones dependiendo de las casas que la entidad tenga en el mercado de alquiler social.

Estas 1.200 viviendas procedentes del ámbito financiero han pasado a formar parte del Fondo de viviendas de alquiler social, que la Generalitat creó ayer. Este fondo estará integrado por las viviendas en régimen de arrendamiento que aporten el Ejecutivo y las 28 entidades municipalistas y entidades sociales que firmaron el convenio. Esos pisos pasarán a estar gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC), que dirige Carles Sala. El fondo cuenta con 24.905 viviendas. Fuentes de la Generalitat explicaron que esperan que, tras la formación de los equipos de gobierno municipales, los ayuntamientos se vayan sumando a este fondo. De este modo, a finales de año la AVC dispondrá de más de 40.000 pisos sociales en alquiler.

Las mismas fuentes explicaron que las empresas privadas también podrán poner sus viviendas en ese mecanismo. Se les permitirá siempre que cumplan tres condiciones: que el alquiler sea inferior, como mínimo, en un 20% al precio medio del mercado; que la renta no supere el 30% de los ingresos totales de los hogares, y que los contratos tengan una duración mínima de cinco años.

40 compras a la banca

Sala se comprometió a incrementar el parque público de vivienda social en alquiler cada año. Entre 2015 y 2016 el Ejecutivo catalán prevé aumentarlo en un 10% mediante el ejercicio de la compra preferente de los inmuebles que quieran venderse las entidades financieras. Esa posibilidad ya ha entrado en vigor y, de hecho, la Generalitat tiene de plazo hasta mediados de este mes para adquirir viviendas del primer listado que requirió a los bancos. Estos informaron de alrededor de 2.150 operaciones que estaban a punto de cerrar con fondos de inversión o sociedades inmobiliarias. Vila avanzó que se hará “de forma inmediata” con 40 de estas viviendas.