La fiscalía investiga el vídeo del supuesto maltrato a menores

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación sobre los supuestos maltratos ocurridos en el centro de menores Tierras de Oria, ubicado en este municipio almeriense. El ministerio público analizará el vídeo difundido la semana pasada por la plataforma Centrosdemenores.es en el que aparecen dos menores atados a la cama. Uno de ellos pedía agua entre sollozos y el otro intentaba zafarse de sus ataduras. La fiscalía comprobará la veracidad de estos hechos y si se llevaron a cabo conforme a derecho. La empresa que gestiona el centro público, Ginso, niega las acusaciones y ya ha presentado una denuncia contra esta organización.

Fruto de esta investigación, miembros del ministerio público se desplazaron el pasado miércoles hasta este centro almeriense para comprobar, entre otras cuestiones, el estado de las instalaciones, el uso de las estancias, la homologación de los sistemas de sujeción y la aplicación de los protocolos, informó Europa Press. Tras la inspección, la fiscalía señaló que “no parece que, de momento, se vea nada ilegal”.

Asimismo, el ministerio público quiere determinar si la plataforma Centrosdemenores.es ha cometido un delito contra el derecho a la intimidad, por exhibir a los menores del vídeo, así como contra la protección de datos. Este asunto también es investigado por el Juzgado de Instrucción Único de Purchena, a raíz de la denuncia presentada por el director de este centro, Manuel Madrid, quien también ha emprendido acciones legales contra dos trabajadores del centro que fueron despedidos recientemente. Uno de estos dos exempleados ha asegurado este jueves que las situaciones recogidas en las imágenes se daban “con demasiada frecuencia”, informó Efe.

El vídeo difundido mezcla dos episodios, uno ocurrido en 2011 y otro en 2014, que además se reproducen en bucle, con lo que la grabación ha sido editada con respecto al original. En cualquier caso, ambas secuencias muestran el uso de medidas que limitan la movilidad de los menores. La fiscalía defiende que, según el reglamento, estas prácticas solo están permitidas ante situaciones “excepcionales” para prevenir posibles daños hacia los internos y su entorno en periodos concretos. Ante ello, el ministerio público quiere saber si en estos dos casos se realizaron conforme a derecho, por lo que ha solicitado las autorizaciones emitidas entre esos años para proceder a la sujeción mecánica de menores.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, abrió un expediente informativo para determinar si se aplicó la Ley del Menor en estos dos casos mientras que el Defensor del Menor inició una queja de oficio dirigida a dicha consejería para “supervisar” las actuaciones desarrolladas.