Denunciadas irregularidades en una adjudicación de Leganés

La Cámara de Cuentas ha emitido un informe en que aprecia “irregularidades” en el caso Aparcamientos de Leganés, que investiga supuestas adjudicaciones ilegales municipales en 2010 a la empresa Roblepark SL. Este informe destaca que en la adjudicación de varios contratos municipales para el cobro de aparcamientos “las cuatro empresas invitadas a participar estaban relacionadas entre sí”.

De acuerdo con el escrito, en noviembre de 2010, el gobierno local —entonces, del PSOE— firmó un nuevo contrato por un importe de 55.600 euros para la gestión de cajeros y máquinas automáticas de los aparcamientos e invitó a participar a cuatro empresas “en un procedimiento negociado sin publicidad”.

“Las cuatro empresas invitadas estaban relacionadas entre sí: el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando era administrador único de otra de las sociedades; fue también apoderado de otra de ellas un tiempo después; y en la cuarta uno de los consejeros es un representante de la propia sociedad que venía prestando el servicio y que volvió a ser adjudicataria por segunda vez, al obtener la mayor puntuación”, detalla el informe.

El administrador único que tenían en común estas empresas es el propietario de Roble Park SL, empresa imputada en el caso Aparcamientos del municipio de Getafe por la supuesta adjudicación irregular de las obras y explotación de cinco aparcamientos en el año 2007.

El PP recordó ayer que en los contratos estudiados por la Cámara de Cuentas —correspondientes a 2010 y 2011— se dan unas circunstancias similares en el procedimiento a otras adjudicaciones realizadas entre 2002 y 2007: tres de las cuatro empresas que concurrieron a cuatro de los concursos estaban vinculadas con los dueños de Roble Park SL. El alcalde actual, Jesús Gómez, del PP, manifestó que estos hechos “ya fueron denunciados” por su partido y criticó que estos contratos fueran fraccionados para adjudicarlos “a dedo”.

La Cámara de Cuentas ha detectado también otras irregularidades, como “reconocimientos extrajudiciales de derechos injustificados”; balances de situación que no representan la realidad de las deudas pendientes; o “falta de motivación y justificación de concurrencia” en algunos convenios firmados por el Ayuntamiento y algunas entidades.