Archivada la denuncia sobre una “trama” contra el alcalde de Ourense

Aunque el documento es falso, no hay caso. Esa es la conclusión a la que ha llegado la fiscalía de Ourense al archivar una denuncia del alcalde socialista, Agustín Fernández, contra la presunta “trama” urdida desde 2011 —cuando todavía no era regidor— para echarle ahora de la alcaldía, tras destaparse en marzo que la acera de su casa que debía pagar él, fue endosada al Plan E. La fiscalía ha dado carpetazo a esta investigación, pero mantiene abierta otra impulsada por el PP en la que indaga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por el uso de fondos públicos en la acera del chalé de Fernández.

El fiscal jefe certifica la falsedad de un escrito registrado hace tres años a nombre de un vecino del alcalde en el que se hace referencia a la acera endosada al Plan E. También concluye que no existe indicio alguno para relacionar al PP con el documento falso, determina la imposibilidad de identificar al autor de la falsificación y ordena el archivo de las diligencias de investigación.

El alcalde insistió ayer en la teoría de la conspiración. “¿A quién beneficia que a través de un documento falso se inicie una cacería sobre este alcalde con la única finalidad de derribar al gobierno municipal?”, se preguntó ante los medios. Fernández cree que “alguien” se “aprovechó” de un documento “groseramente falso” y anunció que no va a cejar en su empeño de averiguar quién presentó el escrito ficticio.

El caso de la acera endosada al Plan E se remonta a 2009, cuando el Ayuntamiento pagó con dinero público la urbanización de la calle del alcalde, entonces edil de Hacienda. El regidor había depositado años atrás, cuando todavía no ocupaba cargo político alguno, un aval bancario de 10.600 euros porque la licencia de su vivienda quedó condicionada a la ejecución y pago de la acera de su bolsillo. Una Junta de Gobierno de 2009 aprobó, con el voto de Fernández incluido, la reurbanización de su calle. Otra Junta de Gobierno posterior en la que Fernández sí se abstuvo ordenó la devolución del aval bancario. Tras destaparse los hechos, el interventor reclamó a Fernández el pago de 28.000 euros en concepto de cuotas de liquidación por la urbanización, un importe que todavía no ha abonado. El caso también destapó que ocupó la vivienda sin licencia y que no abonó el impuesto de bienes inmuebles durante una década.