Un excargo del PP pide a la Zona Franca que le pague la condena por el ‘caso Rilco’

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, quien ocupó este puesto entre 2001 y 2004, ha presentado un escrito ante el Consorcio fiscal para que un seguro contratado por la Zona Franca asuma la condena que le impuso el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en las irregularidades encontradas en el caso Rilco, con una pena que sumaba 2,67 millones de euros, que Osuna debería pagar al recinto fiscal.

Esa póliza fue suscrita en abril de 2004, cuando el PP había perdido ya las elecciones y Osuna estaba en su cargo en funciones. El PSOE lo ve un “escándalo”. La Zona Franca dice que estudia qué responderle. El pasado 20 de abril la Zona Franca registró el escrito enviado por Miguel Osuna. En él expone que durante 13 años estuvo acusado de varios delitos por su trabajo realizado al frente de ese Consorcio. Osuna fue condenado por el Tribunal de Cuentas por las irregularidades encontradas en el portal informático Rilco, puesto en marcha por su antecesor Manuel Rodríguez de Castro.

Los dos fueron condenados a devolver a la Zona Franca 4,3 millones de euros, aunque la sentencia está recurrida. Osuna, al que le correspondió la pena más alta porque durante su etapa se hicieron los pagos más importantes, fue condenado por el Tribunal de Cuentas pero absuelto en la Audiencia Provincial en la vía penal sobre el mismo caso. Ese es su argumento para recordar en ese escrito la existencia de una póliza de seguros que podría salvar su economía. “Durante el mes de abril de 2004, siendo delegado del Estado, el pleno del Consorcio acordó suscribir un seguro que se hiciera cargo de la posible responsabilidad civil de los miembros del pleno y del comité para que esa responsabilidad fuera asumida por la institución a la que representa”. La póliza no era válida si hubiese una responsabilidad penal, algo que rechazó la Audiencia Provincial, aunque este fallo fue recurrido por la Fiscalía y el PSOE y el Supremo todavía no se ha pronunciado.

Este es uno de los extremos que estudia la Abogacía del Estado para que la Zona Franca no haya respondido todavía a esa demanda de Osuna. Porque la responsabilidad penal del exdelegado todavía no está descartada. Y, aunque el Supremo también le absolviera, habría que estudiar las condiciones de la póliza.

El PSOE destaca que el exdelegado la aprobó cuando ya había cometido las supuestas irregularidades. “Es querer aplicar un seguro con carácter retroactivo”, lamentó su portavoz, Francisco González, quien instó al actual delegado, Jorge Ramos, y la alcaldesa de Cádiz y presidenta del pleno de la Zona Franca, Teófila Martínez, a rechazar esta solicitud.

Osuna también pretende que el Consorcio le pague los honorarios de sus abogados en el caso Rilco y el caso Quality Food, por el cual sigue imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. González remarcó su inquietud porque Osuna suscribiera esta póliza en 2004, cuando ya sabía que no seguiría en el cargo, y 10 años después reclame los gastos jurídicos que su gestión ha provocado. El exdelegado finaliza su escrito recordando que, debido a la pena impuesta por el Tribunal de Cuentas, sus bienes han sido embargados.