Conforme a ley

Sostiene el secretario de Estado Antonio Beteta que la financiación autonómica se aprobó “conforme a ley” y que, por lo tanto, es inaceptable reclamar una deuda histórica. Cuánta razón tiene este hombre: al fin y al cabo, los recortes que padecemos en sanidad y educación se han hecho conforme a ley, el rechazo del estatuto catalán se hizo conforme a ley y, si me apuran, hasta Luis XVI fue guillotinado conforme a ley. Solo que tal vez la ley sea injusta y haya que cambiarla. Eso sí, Beteta acierta en una cosa: la aprobación del modelo fue multilateral, todos los grupos políticos mayoritarios estuvieron de acuerdo. Ahí nos duele. El día en que Fabra y Puig se comprometan a dimitir en cuanto un Gobierno central de los suyos rechace la reclamación de la deuda histórica valenciana, les creeremos. Porque, que yo sepa, la deuda histórica se ha venido arrastrando a lo largo de los gobiernos de Aznar, de Zapatero y de Rajoy. ¿O no?

En las últimas semanas se están produciendo movimientos de reagrupación autonómica inducidos por el descontento que genera la financiación de las comunidades. Por un lado, se alinean las regiones del interior, por otro, las regiones mediterráneas. Acabamos de saber que Cataluña, Valencia, Murcia y Aragón son las comunidades que incumplieron en 2013 el objetivo del déficit: pues claro, como que son las paganas de España. Mal asunto para el Gobierno, para cualquier gobierno, porque ni unos ni otros pueden ceder y menos en vísperas de elecciones. Desde el punto de vista del sentido común la cosa está clara. ¿De dónde viene el dinero?, de los impuestos; ¿quién paga impuestos, los territorios o los ciudadanos?, evidentemente los ciudadanos, que son los que generan riqueza. Consecuencia: las asignaciones tienen que distribuirse en función de los habitantes. Sin embargo, a veces lo obvio tropieza con matizaciones que también tienen su miga: no hay que olvidar que la legitimación de los nacionalismos periféricos se sustenta precisamente en la idea de que los sujetos políticos son los territorios y no los ciudadanos.

El tema es complejo, pero hay un principio básico sin el cual no es posible la democracia: el de que las personas no pueden ser discriminadas en las prestaciones sociales cualquiera que sea su lugar de residencia. Esto significa que la reivindicación de Extremadura, pongamos por caso, y la de la Comunidad Valenciana son ambas legítimas, pero no están equilibradas: mientras la sobrefinanciación que la primera ingresa por cada ciudadano extremeño implique que este recibe más y mejores servicios de los que se prestan a un ciudadano valenciano, el sistema será injusto y llevará incorporada la semilla de su destrucción. Luego se sorprenderán de que en vez de una región que dice que España le roba haya dos. Tengo para mí que una de las causas de la situación presente fue la disparatada configuración del mapa autonómico en la Transición. No, no estoy reclamando la vuelta al centralismo. Lo que sugiero es que las partes de ese todo inarmónico que llamamos España se ajusten menos a la historia sentimental y más a la economía. ¿Tan difícil es entender que el eje mediterráneo debería concurrir como un solo actor al concierto común y el eje central, tres cuartos de lo mismo? Por desgracia estos reajustes requieren serenidad de ánimo e inteligencia, precisamente lo que nos falta en la contienda civil incruenta —llamemos a las cosas por su nombre— en la que andamos metidos.