Tolerancia cero sometida a presiones variables

La tolerancia cero contra la corrupción esgrimida por Fabra, que también ha hablado de “líneas rojas” y finalmente de “guerra sin cuartel”, ha estado sometida desde su formulación a presiones variables. Ha sido el propio presidente de la Generalitat y del PP regional y el Consell quienes han distinguido entre imputados, imputados por corrupción o por delitos administrativos, procesados y condenados.

Las matizaciones o las reformulaciones han estado motivadas siempre por cuestiones electorales o las tensiones internas en el seno del PP. Los ejemplos son variados. El presidente de la Generalitat intentó meses atrás, sin éxito, que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, renunciara a su escaño por su imputación en el caso Brugal. Y sigue sin conseguirlo. Castedo, tan lejos como este miércoles aseguró que la situación de imputado “puede afectar a tantos” que no le quita ni un minuto de su tiempo. Con el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, Fabra esperó para pedirle el escaño a una sentencia condenatoria en firme. Y lo obtuvo tras el escándalo provocado por una recogida de peticiones de indulto en la bancada popular.

Al exportavoz Rafael Blasco, ahora juzgado en el caso Cooperación, se le empujó a dejar el Grupo Popular por unas declaraciones que cuestionaban la autoridad de Fabra y no por el supuesto saqueo de fondos públicos.

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, hará lo que diga el jefe del Consell, que por ahora lo considera un cargo imputado por una actuación administrativa relacionada con la adjudicación de contratos a Gürtel, pero distinta de otros casos implicados en escándalos de corrupción. Milagrosa Martínez y Angélica Such llevan más de un año procesadas, pero no hubo prisa por apartarlas hasta que hace una semana el TSJ fijó la fecha de juicio oral. Y es previsible que haya más matizaciones en los próximos meses. Tantas como casos concretos se produzcan.