Medio Ambiente no ve irregular cerrar un expediente interno sin encontrar culpable
El secretario autonómico compareció ayer para aclarar supuestas irregularidades en el departamento de caza
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, negó ayer que la consejería cometiera una irregularidad respecto a las informaciones en las que se acusaba a Medio Ambiente de eliminar la prohibición en un coto de caza para que cazaran sus técnicos. "Se abrió un expediente, no se localizó al autor y además los técnicos no llegaron a cazar", dijo Sánchez Barcáiztegui, a lo que añadió que "la consejería ha procedido de manera correcta".
El caso, publicado en el mes de abril por este periódico, consistió en la recepción de dos autorizaciones contradictorias por parte de un agente medioambiental que previamente había advertido a dichos técnicos que estaba prohibido cazar en la época en la que se pretendía. Aunque en el primer documento se prohibía la caza, en el segundo, con el mismo autor y fecha de firma, se autorizaba para "todo el año".
Los grupos parlamentarios de Compromís y del PSPV, se quejaron de que compareciese el secretario autonómico en lugar de la consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig.
En la comparecencia, convocada para aclarar las acusaciones a Medio Ambiente de reinterpretar una ley para favorecer al hermano de un alto cargo de Vaersa, Sánchez-Barcáiztegui aseguró que "la interpretación de la ley es factible" y que se realizó "ante la falta de precisión reglamentaria". El diputado de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Lluís Torró, recriminó al secretario autonómico que no negara los hechos y opinó que, "si es verdad, alguien tendría que estar en la calle en estos momentos".
Respecto a la noticia en la que se acusaba a la empresa de un cargo de Vaersa de repartir subvenciones públicas a los cotos de caza, el secretario autonómico explicó que por el momento nadie ha denunciado a dicha empresa y que, "si se hace, cuando llegue a la consejería, ésta ya procederá como considere oportuno". Los diputados calificaron estos hechos como "un escándalo de primera magnitud" y aseguraron que "la administración autoriza mucho más de lo que se solicita".
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