Cataluña desafía al Gobierno con un impuesto a depósitos bancarios

El Gobierno catalán ha aprobado hoy la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios que entrará en vigor esta misma semana y con el que pretende encontrar nuevas vías de ingresos para las arcas de la Generalitat. El portavoz del Gobierno de CiU, Francesc Homs, ha dicho que con esta aprobación del impuesto por vía urgente se busca "blindar el espacio fiscal de la Generalitat" y evitar que el Gobierno central pueda prohibir a las comunidades autónomas gravar las cuentas bancarias como se ha propuesto a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos. El Gobierno pretendía con ello evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia, como ya ocurre en Extremadura, Canarias y Andalucía.

El objetivo del Gobierno catalán es recaudar 500 millones de euros al año. El impuesto gravará a todas las entidades, tanto las que tienen la sede en Cataluña como las que están radicadas en otros puntos pero tienen actividad comercial en Cataluña. La Generalitat entiende que puede poner en marcha este impuesto porque el Gobierno central no ha aprobado formalmente la creación del impuesto sobre los depósitos a tipo cero. Además, el Gobierno catalán publicará la creación del impuesto esta misma semana pero con efectos retroactivos a una fecha anterior a 1 de diciembre. Con ello, el Gobierno catalán también abre la puerta a ser compensado por parte de la administración central si finalmente le impide recaudar este dinero.

La creación de este impuesto es una de las demandas que ha hecho Esquerra Republicana para pactar un acuerdo de estabilidad parlamentaria para esta legislatura. Con todo, el portavoz Homs ha asegurado que la aprobación de este impuesto no implica que el acuerdo con los republicanos esté ya cerrado. El plazo para cerrar el acuerdo expira el día 3 de enero, pero tanto CiU como ERC están convencidos que se cerrará en las próximas horas o días. Fuentes de CiU han dado por hecho que esta decisión acabará de confirmar el acuerdo con ERC, incluso hoy mismo. 

También como claro guiño a ERC, el Gobierno de CiU  ha aprobado  iniciar el trámite para recurrir ante el Tribunal Constitucional las nuevas tasas judiciales que impulsa el ministerio de Justicia. Concretamente, ha pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.