La empresa que dirige el parque rupestre se escuda en la Xunta

Una rueda de prensa en el parque rupestre de Campo Lameiro y un relato jurídico, el de la Xunta, difícil de sustanciar con la Ley de Contratos del Sector Público en la mano. Todo para explicar cómo Cultura cedió la concesión del parque arqueológico pontevedrés, a comienzos de febrero, a la empresa Espiral Xestión Cultural S. L., constituida un mes antes con 3.000 euros de capital, la “actividad multimedia” como objeto social y dos parientes de políticos del PP local como administradores solidarios. Partiendo de una primera adjudicataria, Ingenia QED, en concurso de acreedores.

Jorge Sayáns y Juan Manuel Boullosa, responsables de mantenimiento y de administración del parque para Ingenia QED, negaron ayer que el enchufismo tuviese algo que ver. Que sean hijo y hermano, respectivamente, del alcalde y de una concejala del municipio no tuvo, según declararon, influencia alguna en una cesión en la que no medió concurso público, pero que defienden como legal y como alternativa al “cierre inminente” del parque, inaugurado con gran boato institucional hace 10 meses, tras una inversión de 10,6 millones de euros.

La solvencia de Espiral S. L. la acredita “un convenio con otra empresa”

Sayáns y Boullosa comparecieron junto a seis compañeros, todos ellos trabajadores del centro desde que se puso en marcha. Allí aseguraron que ya desde el inicio comprobaron que “algo estaba pasando” y que la concesionaria original, Ingenia QED, dejó de pagar las nóminas en septiembre. Según explicaron, la idea de montar una sociedad para hacerse con la gestión partió de la propia Ingenia en noviembre y contó con el apoyo de los trabajadores. Que Sayáns y Boullosa se inscribiesen como administradores se debió a que eran las personas “que más responsabilidad tenían en el equipo” y a su “implicación emocional y afectiva” con el proyecto. Sayáns afirmó que en una reunión con la Xunta se les aseguró que la cesión cumplía la ley de contratación pública.

La ley obliga a los aspirantes a este tipo de concesiones a acreditar una solvencia técnica que no puede demostrar Espiral por sí misma. Tampoco hay noticia de una Unión Temporal de Empresas acordada para tal fin. Boullosa y Sayáns aseguraron que una empresa gallega “que lleva la gestión de otros lugares similares” avala tal solvencia a través de un acuerdo de colaboración. Evitaron decir su nombre “por la ley de protección de datos”. Con el mismo detalle, aseguraron también que Espiral ha tenido que pedir un aval de 800.000 euros para demostrar la solvencia económica de la explotación. Tras el acuerdo con la Xunta, recibirá para la explotación 540.000 euros hasta 2014, lo que juzgan insuficiente. “Deben de pensar que esto es la gallina de los huevos de oro”, lamentó Sayáns, que aseguró que el parque requiere 350.000 euros anuales para funcionar.

Cultura aseguró anteayer que Espiral “acreditó documentalmente la capacidad y solvencia” que observa la ley. Tras la rueda de prensa de los gestores del parque, Cultura admitió indirectamente que esa solvencia no la demuestra Espiral por sí misma. “Existe un convenio de colaboración que firma Espiral con una empresa que acredita solvencia, y que sí confirma su especialización”. El convenio no exime a la Administración, sin embargo, de cumplir los requisitos de contratación en una cesión así.

Tampoco el pliego del concurso público por el que se sigue rigiendo, en teoría, el espacio de 3.500 metros cuadrados concebido, también sobre el papel, como un centro de investigación y documentación. “Espiral se dedica a actividades de atención al público, diseño de productos culturales y eventos destinados a atraer gente. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación ni con el espacio destinado a esos fines”, adujo Fernando Quintas, encargado de las actividades de difusión. “Eso son cuestiones de la Consellería de Cultura”.