El Gobierno y Cataluña discrepan sobre el plan de ajuste de la Generalitat

El Ministerio de Hacienda ha puesto objeciones al plan de ajuste presentado por la Generalitat de Cataluña que contiene las líneas maestras para estabilizar su economía y cumplir los objetivos de déficit. Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, explicó el miércoles en el Congreso que mantiene serias divergencias con diversos planes de varias comunidades por haber incluido en los presupuestos, entre otras cosas, la partida de la disposición adicional tercera para infraestructuras prevista en sus estatutos. En el caso de Cataluña, esa suma asciende a 219 millones de euros. La Generalitat ha contabilizado ese capital en el capítulo de ingresos, aunque el Gobierno central no tiene la intención de transferirlo, amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional.

"El Presupuesto actual de la Generalitat no sirve", afirma el portavoz del PP catalán, Enric Millo

Beteta señaló que la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto de Cataluña, en el punto de la financiación, libera al Estado de pagar esas cantidades. El problema no solo lo tiene Cataluña, sino que afecta a otras cinco comunidades autónomas. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, aunque evitó ayer polemizar con Beteta, tiene claro que la Generalitat no retirará esa suma de los presupuestos ni renunciará al reconocimiento de la deuda. El Gobierno de Artur Mas, de hecho, lleva un año reclamando por ese mismo concepto los 759 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2009. Mas estuvo a punto de llevar a los tribunales al Gobierno de Zapatero por el impago de esa cantidad. Oriol Pujol, secretario general de Convergència, ha afirmado esta mañana que no descarta presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos si el Gobierno no atiende a las reivindicaciones de Cataluña. "Si no cambia nada, es probablemente lo que tendremos que hacer", ha dicho.

Fuentes del Gobierno catalán consideran que aún hay margen de maniobra porque ambas partes están negociando el plan de ajuste y en principio debe aprobarse en mayo. "En tres meses, nos han cambiado los criterios del plan de ajuste tres veces", sostienen. Pero la situación, dicen, dista de ser grave porque Cataluña no está en el punto de mira de una posible intervención, a diferencia de lo que sucede con otras comunidades. Hacienda ha condicionado la transferencia a las comunidades de partidas para pagar a los proveedores a la aprobación de sus planes de ajuste. En el caso de Cataluña, las facturas impagadas ascienden a 268.000 y su importe se acerca a 2.000 millones de euros. El Gobierno haría las veces de banco y cobraría a las comunidades un 5% de interés por los préstamos. Para acceder a ellos, el Gobierno debe aprobar los mencionados planes.

CiU no descarta aún presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Rajoy si no se atienden sus reivindicaciones

Pero, al margen del plan, el Partido Popular catalán ha reiterado este mediodía que los presupuestos de la Generalitat, aprobados curiosamente con su abstención, no son válidos porque fueron confeccionados con una previsión de crecimiento del 0,8%, cuando en realidad la economía sufrirá un decrecimiento del 1,7%. "Tal como están, no sirven", ha avisado Enric Millo, portavoz del PP, que ha recordado que su grupo presentó la semana pasada en el Parlament una resolución, que aprobó por mayoría y con la oposición de CiU, para que se vuelvan a revisar y se presenten en junio.