Los contratos programa de altos cargos se limitan a cumplir recortes

El Consell que preside Alberto Fabra hizo exhibición, nada más comenzar la legislatura, de una novedosa iniciativa de gestión política al anunciar el establecimiento de contratos programa que los altos cargos de la Generalitat suscribirían y por cuyos objetivos deberían rendir cuentas públicas. Sin embargo, esos contratos programa se limitan al cumplimiento del decreto de recortes en lo que atañe al ahorro y la racionalización del gasto.

Así lo refleja una respuesta que el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha enviado a una petición de documentación del diputado socialista en las Cortes Valencianas Rafael Rubio.

El pasado mes de octubre, la entonces vicepresidenta, Paula Sánchez de León, en su comparecencia ante el pleno de las Cortes, explicó: “El contrato programa es una iniciativa que refuerza el compromiso de este gobierno con la transparencia y con el fin de obtener un mayor rendimiento en la Administración. En este marco, los altos cargos de la Generalitat deben asumir un compromiso adicional. El contrato programa es el conjunto de objetivos que el alto cargo asume ante el gobierno y ante la sociedad para mejorar la gestión, la atención a los ciudadanos o reducir la problemática objeto de su competencia o de sus atribuciones”.

Estos contratos sirven para controlar la eficacia del sector público 

El vicepresidente Ciscar ratificó posteriormente, cuando tomó posesión, los objetivos y características del contrato programa, que, como dijo Sánchez de León, “será público, tendrá una vigencia coincidente con la legislatura y será evaluable de forma semestral, cada seis meses, bajo criterios objetivos de rendimiento”.

Rubio pidió la documentación relativa a los contratos programa de altos cargos y, el 20 de febrero, el vicepresidente Ciscar le respondió informándole de que el 3 de febrero se aprobó el decreto de el Consell “por el que se crea la comisión interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Comunidad”. Ciscar le señaló que ese decreto incorpora la obligación de los altos cargos “de certificar mensualmente el cumplimiento de las medidas de ahorro y racionalización”.

“Ni había, ni hay ni habrá contratos programa en el sentido en que los habían anunciado”, concluye el parlamentario socialista ante la respuesta, que no aportaba documentación alguna.