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El Programa Mundial de Alimentos reduce a la mitad su atención en Venezuela por falta de fondos

El recorte del financiamiento de la ayuda exterior, especialmente de Estados Unidos, compromete la atención de la emergencia en el país

Distribución de alimentos en comunidades del Orinoco, Venezuela.
Florantonia Singer

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) se instaló en Venezuela en 2021, durante la pandemia de la covid-19. Más de nueve millones de personas padecían en ese momento inseguridad alimentaria moderada y severa. Cuatro años después, la reducción global de los fondos de ayuda humanitaria, en parte por los cambios en la política exterior de Estados Unidos, ha obligado a reducir la atención a la mitad, pese a que la emergencia humanitaria en el país sudamericano continúa.

El programa, que llegó a desplegarse en 11 de los 24 Estados, ahora trabajará únicamente en cuatro: Delta Amacuro, Sucre, Zulia y Falcón. A través de un video en sus redes sociales, Marianela González, oficial de Comunicación de PMA en Venezuela, explicó que la falta de financiamiento está poniendo en riesgo la ayuda en todo el mundo. “Nuestro programa de comidas escolares aquí no es la excepción”, dijo.

La dotación de comidas en escuelas públicas ya no estará activo en Trujillo, Barinas, Yaracuy, Monagas y Anzoátegui, donde beneficiaba especialmente a niños de comunidades remotas y vulnerables. González pone como ejemplo el caso de Arismendi, una comunidad en el estado Barinas a la que llegaron en 2022. Antes y después de la pandemia, la falta de comida se ha convertido en causal de deserción escolar en Venezuela, pues el programa de alimentación gubernamental ha retrocedido drásticamente en su cobertura, así como también el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

Para instalarse en Venezuela en 2021, el director general del PMA, David Beasley, debió reunirse con Nicolás Maduro y también con Juan Guaidó, que encabezaba a la oposición en ese momento. La asistencia humanitaria fue parte de las tantas negociaciones políticas que se han dado en la prolongada crisis institucional venezolana.

Desde inicios de este año, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el recorte de la ayuda exterior de Estados Unidos y los cambios en las prioridades de atención hicieron parte de una tormenta perfecta. Miles de personas reciben ayuda humanitaria en Venezuela, donde hay niños con desnutrición, pacientes sin acceso a medicamentos, mujeres víctimas de violencia y trata y un deslave de migrantes venezolanos por todo el mundo. Pese a ello, ha habido por goteo suspensión de proyectos y congelamiento de desembolsos. También, despidos y cierres de organizaciones de la sociedad civil a los que ya venía acorralando el chavismo con leyes y persecución política.

Los datos públicos más recientes del plan de respuesta humanitaria revelan que en 2025, 7,9 millones de venezolanos necesitaban atención. Pero el PMA solo dispone del 15% de los fondos para atender a una población meta de 5,1 millones. En el área de nutrición y seguridad alimentaria, el aporte apenas llegaba al 7% de lo requerido. El Gobierno de Maduro ha institucionalizado el reparto de comida a través de los CLAP, pero las bolsas siguen estando compuestas mayoritariamente por carbohidratos.

La cifra de personas necesitadas de asistencia en Venezuela ha aumentado en casi un millón desde que en 2019 se declaró una emergencia que ya era evidente al menos desde 2014. Fueron aquellos años de escasez de alimentos y medicinas, a los que siguieron luego tres más de hiperinflación y de sanciones económicas de Estados Unidos. El despliegue del personal humanitario fue posible en medio del conflicto político por la instalación del gobierno interino de Juan Guaidó, cuando la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, finalmente fue admitida por el Gobierno en una visita oficial al país.

Aunque la economía venezolana ha reflotado tras la apertura de licencias petroleras dispuesta por el Gobierno de Joe Biden, el panorama hoy sigue siendo frágil. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano, al menos un tercio de la población vive en inseguridad moderada y severa. En mayo pasado, la organización Alimenta La Solidaridad también cerró operaciones y al menos 12.000 niños quedaron sin esta asistencia. A estos se suman los que dejarán de recibir el plato de comida que entregaba el PMA.

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