Bukele mantiene su enorme popularidad a pesar de su imagen de “dictador”

A punto de iniciar su séptimo año en el poder —el segundo más allá de lo establecido en la Constitución de El Salvador—, Nayib Bukele sigue siendo un presidente enormemente popular, pese a haber consolidado a escala internacional su imagen de “dictador”. Un calificativo que, según dijo el domingo en su discurso a la nación, no le preocupa en lo más mínimo. Este lunes, una de las encuestas de opinión más confiables del país centroamericano le atribuyó una aprobación de 8,5 sobre 10.

De acuerdo con la encuesta publicada por LPG Datos, la casa encuestadora de La Prensa Gráfica, Bukele cerró su sexto año en el poder con la aprobación del 85,2% de la población, siendo su principal logro la desarticulación de las pandillas y la reducción histórica de homicidios a escala nacional.

Desde su llegada al poder, en 2019, Bukele ha mantenido una aprobación por encima del 80%. Todo un fenómeno en la política latinoamericana acostumbrada a que los mandatarios vayan decayendo con el tiempo. El mismo estudio muestra, sin embargo, que, en comparación con 2023, la población que lo aprueba ha tenido una leve reducción de seis puntos, bajando de 91 al 85. El estudio no muestra datos del 2024.

Otra encuesta publicada a finales de mayo por CID Gallup, una firma que realiza mediciones en América Central, el Caribe y Sudamérica, le asignó también el 85% de aprobación. Este sondeo también reflejó el aumento de las dudas entre los salvadoreños, ya que la percepción sobre si el país va en el rumbo correcto bajó 14 puntos, pasando del 87% al 73%.

La encuesta de LPG Datos publicada este lunes muestra también un leve aumento en la población que desaprueba al presidente. En 2023, ese porcentaje fue del 6,9% mientras que para 2025 es del 10,8%. Como principal problema, la población salvadoreña señala la economía, el aumento del costo de la vida y deficiencias en la salud pública. Apenas el 1,4% de la población consideró que la concentración de poder en un solo hombre es un problema.

Desde su llegada al Gobierno, en 2019, Bukele emprendió una carrera por concentrar todo el poder en una sola figura: él mismo. A lo largo de seis años, aplastó el sistema de partidos tradicionales, se hizo con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa gracias a su enorme popularidad y la usó desde el día uno para sustituir a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera irregular y sustituir al fiscal general. Más tarde hizo una purga judicial para poner jueces a su medida y más recientemente se tomó el tribunal electoral.

De sus seis años como presidente, tres de ellos los ha gobernado abrigado con su arma más poderosa hasta hoy: el régimen de excepción, una medida contemplada en la constitución en casos de emergencia con carácter temporal y extraordinario y cuya aplicación ha sido justificada con el argumento de combatir a las pandillas. Esta medida que debía durar un mes se ha renovado ya 39 veces.

En el último año, Bukele ha usado la herramienta concebida para combatir a las pandillas con fines políticos para perseguir, capturar y procesar a activistas y defensores de derechos humanos.

Su última embestida ocurrió en mayo pasado, luego de que la Policía Militar reprimiera una manifestación campesina frente a la casa del mandatario y capturara a dos de sus líderes, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez. Ambos fueron acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Aunque ambos delitos son comunes, en la acusación, la Fiscalía aplicó los mismos plazos establecidos en el régimen de excepción.

En su discurso transmitido este domingo con motivo de su sexto año en el poder, Bukele reaccionó atacando a los organismos defensores de derechos humanos y a los periodistas. Sobre los señalamientos dijo “A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”.

También aprovechó para atacar a las organizaciones de derechos humanos y para justificar su más reciente “Ley de Agentes Extranjeros” con la que el mandatarios decidirá qué organización de derechos humanos trabaja en el país y cuál no, además de gravar con un 30% de impuestos a las que él considere que tienen incidencia política. Esta medida es similar a la impuesta en la Nicargua de Daniel Ortega en el año 2021.

Una publicación del domingo en el periódico digital El Faro ha señalado por primera vez la existencia de presos políticos en El Salvador desde la guerra civil. El informe asegura que para marzo de 2025 había uno 28 presos políticos en El Salvador y 92 perseguidos políticos. “El 95 % de los casos son personas “progresistas, de movimientos sociales, sindicales o ambientalistas”, dice el comité. Seis casos son del partido Arena, de derecha”, cita el reporte.

Actualmente las opciones políticas partidarias en El Salvador son casi inexistentes ante la imperante imagen del Bukele. Los pocos que se han atrevido a retarlo están en prisión o han salido del país. Hace falta ver si en los próximos años surge alguna figura que logre significar una competencia, pero de momento, no lo hay.