Roca suma otra pena por malversar con la desaladora de Marbella

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La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, a 18 meses de prisión y siete años de inhabilitación por malversación de caudales públicos con la depuradora de Marbella. Los magistrados también condenan a Roca a indemnizar al Ayuntamiento y a la mancomunidad de la Costa del Sol con más de 10 millones de euros.

Los magistrados solo han tenido en cuenta la "atenuante muy cualificada" de dilaciones indebidas. Pero suman a la condena otra más de delito de prevaricación administrativa por la que su inhabilitación se prolongará durante cinco años más.

A la hora de dictar sentencia en lo que se refiere al delito de malversación, la Sala ha tenido en cuenta la pena que impuso la Audiencia Nacional a Roca en el caso Saqueo 1, el primer gran proceso relacionado con el expolio de las arcas públicas de Marbella, en el que fue condenado a seis años y 10 meses de cárcel. Por los cargos concretos de malversación, sumó cinco años de reclusión, motivo por el que el tribunal se decanta ahora, junto a las dilaciones indebidas, por imponer un año y medio. “Estos hechos pudieron ser enjuiciados conjuntamente sobre aquellos”, dice la sentencia sobre los paralelismos entre los dos sumarios.

Roca añade esta nueva condena a los 27 años, siete meses y 16 días de cárcel que arrastraba de otros cinco fallos firmes. Sin embargo, en la práctica no tiene consecuencias. El tribunal que juzgó la trama de corrupción Malaya acordó en mayo acumular todas sus penas y fijar en 20 años el máximo de estancia en la cárcel del exasesor de Urbanismo de Marbella. Ahora mismo lleva 10 años y cuatro meses.

Según la sentencia, la indemnización al Ayuntamiento de Marbella se eleva a 10.708.000 euros por la cantidad que esta Corporación abonó por la expropiación de sus terrenos a Topoca Trust Reg Vazuz.

Para la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, la fiscalía pedía 1,3 millones de indemnización, pero la Audiencia establece que la cantidad final se fije en función del valor del terreno en la fecha de la ocupación y el coste del uso del terreno.

La Audiencia acusa al Gobierno del fallecido Jesús Gil de eludir la ley y los controles administrativos para convertir el patrimonio municipal en beneficios privados a raíz de un entramado de sociedades que dirigía Roca.

En 1995, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol decidió la construcción de una planta desaladora del agua del mar para suministrar agua potable a los municipios que la integraban y se contrató a la empresa privada Decosol mediante concesión.

El dinero ingresado para las expropiaciones, que no se ejecutaron, fue "extraído y hecho suyo por Juan Antonio Roca", según el fallo.