Rabat y la libertad de expresión

Con puntualísimas excepciones, la libertad de prensa es un concepto exótico en buena parte del mundo árabe, sin traslación a la vida real. En la mayoría de los países, sometidos a un poder autocrático o a un marco institucional diseñado para complacer y servir al mandatario de turno, o los medios son propiedad del Estado o están tan intervenidos que su continuidad pende del hilo de la voluntad administrativa. Las leyes que garantizan la libertad de expresión imponen a la vez toda suerte de cautelas, de manera que la profusión de medios tiene muy poco que ver con su capacidad real para informar. En la práctica, la crítica al poder se convierte en un peligro directo, y en utopía el ejercicio de un periodismo digno de tal nombre.

En este marco se inscribe la protesta del periodista marroquí Ali Lmrabet, en huelga de hambre desde hace un mes para conseguir el permiso de publicación de un semanario satírico, en la línea de otros anteriormente dirigidos por él. Se trata de un veterano luchador por la libertad de prensa, vetado hasta muy recientemente para ejercer su profesión y varias veces inquilino de las cárceles de su país. Los delitos de los que ha sido acusado incluyen, entre otros, “insultar al rey” o “socavar la monarquía”.

El caso solo sería uno más entre miles de situaciones similares (piénsese en lo que significa informar en Egipto, Libia, Yemen, Siria, Arabia Saudí, Argelia, Irak y una inacabable nómina de países donde las libertades son una entelequia) si no fuera porque Marruecos está haciendo en los últimos años un esfuerzo muy considerable para convertirse en un Estado de derecho y deslindarse de la arbitrariedad característica de otros regímenes árabes. La libertad de expresión que Rabat predica hacia fuera y que su Constitución ampara explícitamente no es compatible con el acoso que se ejerce contra Lmrabet.