Absueltos los políticos y técnicos del incendio de Guadalajara

Han tenido que pasar cinco años para que la justicia concluya que el incendio de Riba de Salices (Guadalajara), en cuya extinción fallecieron 11 miembros de un réten, fue obra de los tres excursionistas que de manera imprudente hicieron una barbacoa en plena canícula y junto a un enorme pinar, y no del personal que trató, con mayor o menor éxito, de minimizar sus consecuencias. La Audiencia de Guadalajara exculpó el miércoles de los delitos de incendio, contra los trabajadores y homicidio imprudente a los técnicos y políticos -entre ellos, la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo- de Castilla-La Mancha que gestionaron la extinción, y dejó como únicos imputados a los excursionistas.

La resolución analiza punto por punto la actuación de los siete técnicos que coordinaron los trabajos con el fin de comprobar si se corresponde con el delito de incendio por el que fueron procesados en enero. Y los jueces concluyen que su conducta fue "irrelevante penalmente". Explican que para consumar el delito se exige "incendiar", es decir, "prender fuego a una cosa que no esté destinada arder". A los técnicos se les imputó, según el tribunal, "la comisión de un delito cometido por otros procesados", es decir, los tres excursionistas que hicieron fuego para su barbacoa.

Respecto al delito contra la seguridad de los trabajadores que también se imputaba a los técnicos -que consiste en no proporcionar a los fallecidos los medios necesarios para trabajar en condiciones de seguridad-, el auto concluye que el accidente "no se debió a la falta de medios o ausencia de formación del personal que intervino en la extinción", sino al "aumento repentino e imprevisto de la velocidad de propagación del fuego al sur de la zona donde operaban los trabajadores", como concluyeron los informes de la Inspección de Trabajo y de la Consejería de Empleo de la Junta. Los magistrados reprochan además a la juez de instrucción de Sigüenza que no tuviera en cuenta el testimonio del único testigo presencial de los hechos, otro trabajador llamado Jesús Manuel Abad, que atribuyó las muertes "a un fenómeno natural imposible de prever". "Aunque hubiéramos tenido 10 motobombas y un helicóptero no hubiéramos podido apagarlo", afirmó. Ese mismo razonamiento sirve al tribunal para descartar el delito de homicidio imprudente de los miembros del retén.

La Audiencia ridiculiza la imputación por incendio de los cargos políticos -la propia Arévalo; el delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio González; el director general, José Antonio Nicolas; y el director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz- por no haber cuidado el monte y no haber prohibido las barbacoas. Ese argumento sería a su juicio "como prohibir la circulación de vehículos de motor para evitar los accidentes de circulación".