Nueve jueces y cuatro fiscales en seis años de investigación

El caso Fabra comenzó cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Tal como denunció el empresario en 2003, Fabra mediaba ante los ministerios para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios. A raíz de la denuncia, se inició un procedimiento ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública.

Un año después, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra el también presidente del PP de Castellón por un presunto fraude fiscal. Y, un año más tarde, la Audiencia de Castellón determinó que todos estos delitos debían investigarse de forma conjunta, dada la conexión entre ellos.

Durante los seis años que han durado las diligencias previas, el juzgado número 1 de Nules ha estado ocupado por nueve jueces, entre titulares y sustitutos. Además, el ministerio fiscal ha estado representado por cuatro fiscales diferentes. Y se podrían contar por decenas los recursos presentados a cada una de las prácticas propuestas por las partes y la fiscalía o a los autos y providencias dictadas por los jueces.

Tras la declaración de ex ministros, directores generales, diputados, empresarios, chóferes y secretarias, entre otros, se encargó un informe pericial que analizara las cuentas y el patrimonio de Fabra y su familia. Tras cinco años de pesquisas, los peritos destaparon unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros y un fraude a la Hacienda pública de 1,7 millones de euros. Apenas 15 días después de que este informe llegara al juzgado, el juez ha decidido dar por concluida la instrucción.