El nuevo Gobierno uruguayo investiga las desapariciones durante la dictadura militar

La nueva ministra de Defensa de Uruguay, Azucena Berruti, de 75 años, anunció ayer que el Gobierno ya está investigando las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar que hubo en el país entre 1973 y 1985. En su primera comparecencia ante la prensa la ministra añadió que los militares no han realizado ningún tipo de protesta, aunque no excluyó que en el futuro pueda haber inquietud castrense ante lo que supone la reapertura de un capítulo que parecía definitivamente cerrado con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, por la que se prohíbe investigar las denuncias contra los militares implicados en las violaciones a los derechos humanos.

Tabaré Vázquez ha prometido actuar sobre el asunto "en el marco de la legalidad" pero, sin salirse de ella, ha nombrado ministra de Defensa a una mujer de 75 años muy comprometida con las denuncias contra la dictadura ya que ha sido abogada de numerosas familias de torturados y desaparecidos.

De la misma manera, el presidente uruguayo ha acordado con su homólogo argentino, Néstor Kirchner, la investigación en territorio argentino de las desapariciones de ciudadanos uruguayos, a la vez que Uruguay investigará las de ciudadanos argentinos en su propio territorio. Fiel a su compromiso, Vázquez no incumplirá la ley, pero ya le ha encontrado dos vías por las que hace agua.

Ayer, Berruti subrayó que su ministerio no se encargará de investigar las acusaciones y no descartó que éstas puedan ser encomendadas a técnicos extranjeros. Las investigaciones afectan al destino de 26 personas que integran la lista de desaparecidos uruguayos. "No sirve decir que 'los tiraron al mar'. Es necesario saber cuántos viajes se hicieron, cuándo y adónde", subrayó la ministra.