El juez inicia el trámite para pedir al Supremo que impute a Barberá

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha iniciado el trámite de elevación al Tribunal Supremo de una exposición razonada de motivos en la que solicita la imputación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado da la oportunidad a la dirigente del PP para que comparezca voluntariamente ante él en un plazo de 20 días. El juez imputa, además, al Partido Popular como persona jurídica por el mismo delito de blanqueo.

Barberá es senadora, y por tanto solo el Supremo puede actuar contra ella. Una vez estudiado el escrito del juez de Valencia, el alto tribunal deberá decidir si procede a investigar a la exalcaldesa, para lo que necesitará solicitar un suplicatorio al Senado.

El magistrado instructor de Taula ha dictado un auto en el que señala que, según la Fiscalía Anticorrupción, “existen indicios suficientes de la participación” de Barberá en los hechos. Y que el ministerio público ha instado a que el asunto se eleve por ello al Supremo. El juez considera que los escritos presentados por los fiscales del caso "contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".

Con el objeto de agotar la instrucción de la causa antes de remitir materialmente el asunto al Supremo, el juez da a Barberá la oportunidad de declarar voluntariamente ante él, asistida por un abogado y teniendo acceso a las actuaciones. O también, de presentar un escrito alegando lo que considere oportuno.

El juez inicia el trámite para pedir al Supremo que impute a Barberá

El instructor señala que si la senadora comparece ante él no será interrogada —algo que solo puede hacer el Supremo—. Pero sí podría "dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente le implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal".

El magistrado adopta las mismas decisiones respecto a Miguel Domínguez, exconcejal de seguridad en el equipo de Barberá, que ahora es diputado autonómico y por ello aforado ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El delito de blanqueo que el magistrado atribuye a medio centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, así como al propio partido, fue cometido supuestamente poco antes de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015. Concejales y empleados del grupo habrían ingresado 1.000 euros en la cuenta del PP y, en paralelo, lo habrían recibido en metálico de fondos de origen desconocido.

En el resto de piezas separadas de la causa se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones, las más extendidas del 3%, vinculada al PP valenciano que también habría financiado irregularmente al PP.