Las mujeres “descarriadas” del franquismo rechazan las disculpas de la Conferencia Española de Religiosos: “Ni olvido, ni perdón”

“Conseguiré que todos sepan lo que nos han hecho aquí dentro”. Esta fue la última frase con la que Consuelo García del Cid dijo adiós con 16 años a sus compañeras del reformatorio Adoratrices de Madrid tras 24 meses de internamiento por rebelde. Ahora tiene 66 años y asiste al acto que la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha convocado este lunes por la tarde para pedir disculpas a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución pública española que desde 1941 hasta 1985 dijo “proteger y educar a las mujeres consideradas en riesgo moral”. Pero ella y sus compañeras interrumpen el acto, al que también asisten como público la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su predecesora, Irene Montero, para rechazar las disculpas al grito de “Verdad, justicia y reparación. Ni olvido ni perdón”, mientras sujetan pancartas que rezan “No”.

Esta protesta no entraba en las previsiones de los organizadores, pero la rabia levanta a las víctimas de las butacas e impide el cierre del acto que estaba programado. El Patronato de Protección a la Mujer establecía contratos con centros regentados por congregaciones religiosas y sobrevivió a la muerte del dictador Francisco Franco. Con la promesa de acabar con la prostitución clandestina de menores, formó parte del sistema de control social centrado en el adoctrinamiento físico y mental de las ciudadanas.

El objetivo era amplio: “Redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”, en referencia a las que fumaban, las que se manifestaban, las que desobedecían, las que mendigaban, las que eran hijas de delincuentes y madres solteras o las se quedaban embarazadas sin pasar por el altar. En resumen, las “descarriadas” para el franquismo, según ellas mismas se definen.

La gran mayoría de las mujeres recluidas eran menores. El miedo, la deshumanización y la violencia cobraban fuerza. Este lunes, en la Fundación Pablo VI de Madrid, donde ha tenido lugar el acto, se han conocido algunas historias de las miles que sufrieron las víctimas supervivientes, una de ellas la de Churra. Pasó por uno de estos centros al quedarse embarazada. “Trabajé durante la gestación y también la semana después de dar a luz. Sufrí el intento de robo de mi bebé. Ningún menor debería pasar por esto”, denuncia.

“Limpiábamos el suelo de rodillas, vi morir a niños. La comida no la tragaban ni los cerdos. Trabajaba a destajo en el taller sin cobrar hasta que logré huir con mi hijo en 1977″, apunta otra mujer. Aseguran haber vivido rodeadas de insultos y humillaciones.

Leire terminó en el reformatorio María Goretti de Canillejas, en Madrid, tras confesar que su padre abusaba sexualmente de ella. La dejó embarazada y la volvió a violar estando tutelada. “Yo no había hecho nada”, insiste. A María Jesús, interna en la comunidad Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel Alto, en Madrid, tampoco la protegieron.

Su madre trabajaba todo el día para sacarla adelante, mientras ella se quedaba al cuidado de su abuela materna, que la maltrataba. Por ello, decidió llevarla a un centro religioso. “Pensó que estaría a salvo porque prometieron cuidar de mí, pero trabajaba a destajo y pasaba hambre. Nos frotaban la vulva con ortigas si nos meábamos en la cama”, recuerda.

Micaela Ortiz estuvo al cuidado de la misma congregación, pero en Segovia. Todavía puede sentir las duchas frías, oler las lentejas con gusanos y revivir la obligación de salir a pedir limosna. “¿En nombre de qué Dios se hace esto a criaturas que no habían cometido ningún delito?“, se pregunta. Muchas entraron a los centros siendo creyentes, pero salieron ateas, con una losa que las ha acompañado de por vida.

El presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, reconoce las experiencias duras y dolorosas que estas ciudadanas vivieron en el Patronato de Protección a la Mujer. “Funcionó como un mecanismo social y de represión, privando a muchas de su libertad con los principios morales y sociales del momento. Las mujeres eran infravaloradas y quedaban relegadas a un segundo plano”, explica. Pero sus palabras no sientan bien entre las víctimas que consideran que no hay contexto, ni etapa histórica que justifique lo ocurrido.

Díaz Sariego entiende el rechazo de las disculpas. “Las heridas de las personas requieren mucho tiempo de sanación, queremos verlo como una necesidad de expresar rabia por un sufrimiento profundo”, expresa después de pedir perdón de nuevo, como acto de justicia y ejercicio de responsabilidad histórica y moral. Unas disculpas a las que también se suman Carmen Ortega, superiora Provincial del Santísimo Redentor y sus homólogas en las Adoratrices y en las Hermanas Terciarias Capuchinas, Antonia López y Mati Mena.

“Es una oportunidad para recordar aquello que en el pasado no hicimos bien. Reconocemos nuestra participación en lo que han vivido y queremos decirles que creemos en su testimonio y que nos duele profundamente lo que vivieron. Fue más una cárcel que un medio de promoción humana”, insiste Díaz Sariego.

Las supervivientes recuerdan electroshocks y aislamientos en celdas de castigo. Algunas como Expósito recibían inyecciones de cardiazol y trementina. Ella había perdido su nombre. Así lo decidió su madre, que se resignó a bautizarla por miedo a que fuese vejada por las vecinas que le habían rapado la cabeza en la plaza del pueblo a modo de castigo tras haber tenido una hija con un dirigente anarquista.

Estaban “condenadas de por vida”. Así lo resume la psiquiatra María Huertas en su libro Nueve nombres. Es una de las trabajadoras del Psiquiátrico de Bétera, al que Expósito llegó en 1974 junto a más de 200 internas trasladadas en autobuses. El 9 de noviembre de 1977, en la cárcel de Basauri (Bizkaia), María Isabel falleció de shock por quemaduras, tal y como recogió en 2022 la periodista Andrea Momoitio bajo el título Lunática.

El trabajo Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià recuerda a Chelo Alfonso, una de las adolescentes embarazadas encerradas en el reformatorio de las Oblatas. Ingresó con un nombre falso en la clínica La Cigüeña, fue anestesiada al ponerse de parto y cuando se despertó preguntó por su hijo, pero nunca pudo verlo. Pese a todo, la Ley de Memoria Democrática todavía no reconoce a las internas del Patronato de Protección a la Mujer como víctimas de la dictadura. “Iglesia y Estado caminaban de la mano. Es la mayor aberración del siglo XX, la democracia nos debe 10 años de vida”, denuncia García del Cid.

En declaraciones a la prensa, Irene Montero, hoy europarlamentaria de Podemos, ha anunciado que su grupo registrará una petición para que una comisión parlamentaria “esclarezca la verdad” de lo que vivieron las internas y ha reclamado a la Iglesia que entregue “todos los archivos disponibles”.