El Rey esperará iniciativas sólidas del Congreso para proponer otro candidato
Felipe VI recibirá el lunes al presidente de la Cámara, Patxi López, para abordar el nuevo escenario

Tras el fracaso de Pedro Sánchez y siguiendo su mandato constitucional, Felipe VI esperará propuestas de los partidos con representación parlamentaria a través del Congreso de los Diputados para hacer un nuevo ofrecimiento a un candidato que salve la investidura que arrancó con las elecciones del 20 de diciembre. La Casa del Rey, en contra de lo habitual, no sacó a primera hora de la tarde de este viernes la agenda de actividades del jefe del Estado, a la espera de que el presidente del Congreso comunicara el resultado de la votación.
La primera votación a la investidura de Pedro Sánchez, realizada el pasado martes, puso en marcha la cuenta atrás hacia la celebración de nuevos comicios, a menos que antes del 2 de mayo los partidos con más posibilidades de aglutinar apoyos puedan alcanzar acuerdos sólidos para que el Rey proponga un candidato que realice un nuevo intento.
Lejos de despejar la incertidumbre, la derrota de Sánchez abre un nuevo período de dudas que puede culminar con el fracaso de la legislatura y comportar efectos negativos para la imagen de España. Pero de momento, el proceso cierra capítulo en el Congreso de los Diputados y vuelve a pasar por La Zarzuela. El Rey, que ha hablado tras la votación con el presidente del Congreso, recibirá el lunes Patxi López, para abordar la situación.
La Casa del Rey demoró la publicación de la agenda de actos de Felipe VI, dejándola abierta al tiempo del siguiente escenario marcado por el artículo 99 de la Constitución. El que indica que si el candidato no logra la confianza para investidura, “se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista”.
Es decir, el Rey tendría que celebrar otra consulta con los representantes de los partidos como las dos anteriores y, a través del presidente del Congreso, proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.
La Constitución no establece tiempos para esa situación, más allá del plazo de dos meses que empezó a contar desde la primera votación (el 1 de marzo) para que el Rey, en caso de que ningún candidato lograra la investidura, disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones.
Al tratarse de una situación inédita en la democracia española, y a falta de desarrollo legislativo del artículo 99, no hay precedentes ni reglas más concretas que guíen en esa situación durante esos dos meses. Ello ha dado pie a que los expertos proyectasen diversas posibles salidas y, sobre todo, a que se alimentasen las especulaciones.
Ahora todo apunta a que el Rey no abrirá esa tercera ronda y esperará a que, a través del presidente del Congreso, el portavoz de un partido reúna apoyos que le permitan intentar la investidura. Entonces se produciría la proposición del jefe del Estado. Pero aun con este supuesto candidato propuesto, otros aspirantes, de forma simultánea y paralela, podrían mantener negociaciones para construir una alternativa, que, en caso fructífero, deberían comunicar al presidente del Congreso y que este la elevara al Rey para formalizar una nueva propuesta.
En todo este proceso, la Casa del Rey ha rechazado posicionarse sobre los “futuribles” que podían abrirse tras el fracaso de Sánchez y ha remitido al discurso navideño de Felipe VI, en el que el jefe del Estado, en un momento de complejidad política en que muchas miradas se dirigían a La Zarzuela en busca de respuestas, se apartaba y dejaba el foco sobre el Congreso de los Diputados.
Ese texto en concreto decía: “En un régimen constitucional y democrático de Monarquía Parlamentaria como el nuestro, las Cortes Generales, como depositarias de la soberanía nacional, son las titulares del poder de decisión sobre las cuestiones que conciernen y afectan al conjunto de los españoles: son la sede donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional”.
La Casa del Rey ha reivindicado y reafirmado su neutralidad en este párrafo ante una situación en la que las cuentas no salen con la aritmética tradicional y en la que la más mínima sobreexposición de Felipe VI podría tener efectos secundarios.
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