La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a crear el registro de objetores al aborto pero Ayuso sigue negándose
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado este lunes al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicie “de inmediato” los trámites para crear el registro de profesionales sanitarios que se niegan a practicar abortos por objeción de conciencia.
- Ayuso ha anunciado que recurrirá la decisión y la calificó de “lista negra”.
- “Es un empeño personal de la presidenta”, apuntan desde su Gobierno.
¿Qué es este registro? La ley del aborto de 2023 obliga las Administraciones a crear un documento interno para organizar los servicios y garantizar que haya siempre personal disponible para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
- Todas las comunidades autónomas lo han hecho, excepto Madrid, que fue la única que se resistió tras el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial, en el que la propia Comunidad votó a favor.
¿Por qué importa? Sin este registro, hospitales públicos enteros pueden convertirse en objetores de facto. Ya ocurrió: en 2020, una médica del Hospital Clínico San Carlos necesitó un aborto terapéutico de urgencia y sus propios colegas se negaron a practicárselo.
©Foto: Jesús Hellín (EP)