La oposición venezolana pierde el paso

Las prisas de la oposición venezolana por derribar a Nicolás Maduro son entendibles porque la ineptitud del gobernante es palmaria y las manipulaciones de la justicia, rutinarias cuando se dirimen disputas susceptibles de poner en peligro el poder bolivariano. No obstante, el atajo invocado por los flancos más impacientes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) beneficia al oficialismo porque fragmenta al bloque opositor, percibido por una parte de la opinión publica como una agrupación dispersa y desorientada. Lo cierto es que al no encontrar utilidad al proceso de dialogo auspiciado por tres ex presidentes y el Vaticano, y desacatar al Tribunal Supremo de Justicia por su sumisión al Ejecutivo, el país petrolero se aboca hacia la confrontación o al sometimiento del frente antigubernamental, difícilmente a su victoria fuera de las urnas porque no demuestra fuerza para alcanzarla.

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Sin haberlo conseguido durante 15 años, las partes deberán encontrar alguna fórmula de entendimiento para no llegar de nuevo a la manos, a los muertos de febrero de 2014. Parece claro que la MUD no renunciará a la expeditiva defenestración de Maduro, aunque no sabe cómo hacerlo después de haber fracasado en su objetivo de convocar un referendo revocatorio antes del 10 de enero de este año y adelantar las elecciones presidenciales. Ahora deberá reforzar cohesión, objetivos, replantear tácticas y armarse de paciencia. El Gobierno no parece dispuesto a ceder mucho porque, entre otras razones, no observa movimientos militares hostiles, y se oxigena con la división del contrario y sus errores al utilizar su mayoría absoluta en el Parlamento como una herramienta multiuso. Cuando se salen de sus competencias, las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo intervienen para anular sus decisiones.

Ocurrió el pasado año cuando se tomó juramento como diputados a tres indígenas de la Amazonia. El Supremo falló el 23 de noviembre que su elección había sido ilegal y supeditó la ocupación de escaños a una nueva elección en las jurisdicciones correspondientes. La Asamblea Nacional (AN) rechazó la sentencia con el argumento de que no había ningún poder por encima del parlamentario como representante de la voluntad popular. La mesa de diálogo entre Gobierno y oposición, con el Vaticano y los ex presidentes Zapatero, Torrijos y Fernández como mediadores, emitió un comunicado dando la razón al Supremo, reconociendo que la AN había incurrido en desacato. Los tres parlamentarios indígenas pidieron por escrito su desincorporación como diputados.

A partir de entonces casi todo han sido palos de ciego y cruce de declaraciones, a veces contradictoras, en el seno de la MUD. La presión internacional contra el autoritarismo gubernamental, la manipulación de la justicia y en exigencia de la liberación de Leopoldo Torres tiene un efecto limitado. El Vaticano y los ex presidentes harán lo que puedan y la justicia bolivariana liberará presos cuando convenga políticamente. Poco importa que la alianza opositora advierta de que volverá a las calles si no obtienen respuesta a sus demandas de reactivar el revocatorio y anticipar elecciones. El oficialismo le saldrá al paso con sus milicias y Venezuela regresara al cruento choque de sus dos mitades, atrincheradas desde que el redentor discurso de Hugo Chávez transformó la contienda política en una lucha de clases.