'Caso Brugal' en Calp: Morató se lava las manos

La rama del caso Brugal que afecta a la adjudicación de la planta de transferencia de residuos de Calp al empresario Ángel Fenoll en 1998 y las posteriores irregularidades detectadas vivió ayer la primera jornada de interrogatorio de los 11 imputados que tiene la causa por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. En el juzgado de instrucción número 1 de Dénia, que asumió el procedimiento, solo declararon el exalcalde de Calp Javier Morató y el exedil José Perles, ambos del PP. La propietaria de la finca donde se construyó el vertedero, María Teresa Moliner, y su marido se acogieron a su derecho a no hacerlo.

Morató y Perles se exculparon y derivaron hacia terceros la responsabilidad de lo sucedido. El primero, alcalde entre 1995 y 2007, se escudó en que en sus 12 años en el Ayuntamiento nunca aprobó nada en contra de los informes técnicos y responsabilizó de las irregularidades al ingeniero responsable de las certificaciones, José Luis Faubel, también imputado, porque él siempre pensó que la báscula funcionaba. También aseguró desconocer por qué se certificaba la basura, por qué se amplió la concesión de 15 a 25 años, que no le constaba que la planta no tuviera licencia de obras previa ni de actividad posterior y que de algunas cosas se enteró por la prensa. Y añadió que solo había visto dos veces en su vida a Ángel Fenoll.

Hoy declara ante el juez Ángel Fenoll, implicado en varias tramas de 'Brugal'

José Perles, concejal del PP entre 1991 y 2011, que comparte abogado con Morató, se manifestó en términos similares. Solo vio una vez a Fenoll, nunca ha hablado con el supuesto intermediario del cobro de 600.000 euros de comisión por la adjudicación, Francisco Artacho, y recordó que en 1998 no tenía responsabilidades en Urbanismo.

Las cintas de vídeo requisadas en la caja fuerte del empresario durante la primera fase del caso Brugal revelaron que Fenoll prometió comisiones de 600.000 euros a varios técnicos y concejales del PP de Calp a cambio de obtener la adjudicación de la planta de tratamiento. A lo largo de todo este tiempo, la planta nunca ha tenido suministro eléctrico de red y no ha funcionado la báscula del pesaje, lo que propició que las certificaciones de las toneladas que Colsur le cobraba al Consistorio se calcularan al arbitrio de su propietario, obteniendo con la facturación de las toneladas de más importantes beneficios que ayudaron a soportar las comisiones que adelantó. Además, Fenoll obtuvo finalmente la adjudicación a pesar de que otra empresa ofreció un precio más barato. En los 13 años que presta el servicio, Colsur ha incumplido el pliego de condiciones repetidamente, pero el mes pasado el alcalde, César Sánchez, del PP, decretó el cierre de la planta y la apertura de un expediente por primera vez.

Hoy declaran el empresario Ángel Fenoll y su hijo; otros dos exconcejales del PP, Juan Roselló y Fernando Penella; el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, y los dos técnicos, José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, también imputados.