La amnistía de Blanco Chivite y Mayoral Rueda

Como familiares de los presos políticos Pablo Mayoral R ueda y Manuel Blanco Chivite, nos dirigimos a usted con la intención de que, a través de esta carta, dé a conocer nuestra indignacíón por las irregularidades en la aplicación de la recién aprobada ley de Amnistía.Y al hablar de irregularidades nos referimos a:

1. Información equívoca por parte de las autoridades militares.

Con fecha 21 de octubre, la Secretaría de Justicia Militar nos remite al Juzgado Militar Permanente número 2, que a su vez, y media hora más tarde, vuelve a remitirnos a la Secretaría de Justicia Militar.

Con fecha 24 del mismo mes, en la mencionada Secretaría de Justicia Militar nos indican que nos dirijamos a la Audiencia Nacional, puesto que el día 18 se había enviado un oficio a fin de que fuera este organismo quien aplicara la amnistía.

2. El mismo día 24 la Audiencia Nacional nos niega haber recibido dicho oficio, hasta que se le cita el número de expedición.

Como nos encontramos a 3 de noviembre, la Audiencia ha necesitado dieciséis días para declarar se incompetente en este asunto que, según el artículo diez de la citada ley de Amnistía, debía tramitarse con urgencia, reforzado este artículo de urgencia con la circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de fecha 21 de octubre.

La situación actual: vuelta a las autoridades militares para que decidan su competencia y empezar de nuevo todo el proceso si ahora se inhibieran. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que en el momento de celebración del juicio no hubiera dudas con la competencia de las autoridades?

¿Cómo en denegar 180 pruebas (testificales, periciales, etcétera) se tardó un par de horas y ahora se requiere un largo proceso que tiene todos los indicios de prolongarse meses para aplicar una ley que, en el caso de nuestros familiares, es suficientemente clara, ya que fueron hechos ocurridos antes del 15 de diciembre de 1976? Y ya que citamos los hechos, nos viene sorprendiendo desde meses que su periódico dé como ciertas las acusaciones siempre que da alguna información de nuestros familiares. No hemos aceptado nunca su culpabilidad, ni ellos lo hicieron en el consejo de guerra, el cual se basó única y exclusivamente en unas declaraciones obtenidas bajo las más ingominiosas torturas. denunciadas en su día. Para muchos está muy claro que el juicio y los fusilamientos derivados de él no fueron sino un «escarmiento ejemplar». Nos podemos limitar a EL PAIS de fecha 15-8-1976, página 8, en el que figura un artículo de J. L. Aranguren. que dice: «...También entre los franquistas hubo entonces quienes pensaron que daba lo mismo (a quien se juzgara) con tal, de que se tratase de miembros de la organización enemiga, pues, como en la guerra, todos son solidariamente responsables...», refiriéndose a la necesidad de la amnistía, y más abajo, señala «... que con ésta terminaría el período predemocrático y el ingreso real en la democracia...» ¿Quién quiere retrasar la democracia?